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CONCEPTO 196271 DE 2020

(febrero 11)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

MINISTERIO DE SALUD Y DE PROTECCIÓN SOCIAL

XXXXXXXXXXXXXXX

Asunto:Consulta sobre tratamiento de información sensible solicitada en las auditorías a la EAPB por entes municipales.
Radicado No.202042303348832.

Respetado doctor XXXXX:

Hemos recibido su comunicación, por medio de la cual plantea unos interrogantes respecto al tratamiento de la información sensible solicitada en las auditorías realizadas por los municipios a las EAPB frente a lo cual me permito señalar lo siguiente:

El artículo 29[1] de la Ley 1438 de 2011[2], señala que los entes territoriales en su función de administrar el régimen subsidiado deberán realizar seguimiento y control de los afiliados dentro de su jurisdicción, garantizado que exista el acceso oportuno y de calidad al plan de beneficios en salud.

Por su parte, el artículo 2.6.1.2.1.1. del Decreto 780 de 2016 señala que las entidades territoriales se deben vigilar que las EPS cumplan con todas sus obligaciones frente a los usuarios así:

“ARTÍCULO 2.6.1.2.1.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO. Las entidades territoriales vigilarán permanentemente que las EPS cumplan con todas sus obligaciones frente a los usuarios. De evidenciarse fallas o incumplimientos en las obligaciones de las EPS, estas serán objeto de requerimiento por parte de las entidades territoriales para que subsanen los incumplimientos y de no hacerlo, remitirán a la Superintendencia Nacional de Salud, los informes correspondientes.

Según lo previsto por la ley. la vigilancia incluirá el seguimiento a los procesos de afiliación, el reporte de novedades, la garantía del acceso a los servicios, la red contratada para la prestación de los servicios de salud, el suministro de medicamentos, el pago a la red prestadora de servicios, la satisfacción de los usuarios, la oportunidad en la prestación de los servicios, la prestación de servicios de promoción y prevención, asi como otros que permitan mejorar la calidad en la atención al afiliado, sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en las normas vigentes. ”

La Superintendencia Nacional de Salud, mediante la Circular 001 de 2020[3], impartió instrucciones sobre el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control a nivel territorial, y señaló:

“Por otra parte, el articulo 36 de la Ley 1122 de 2007 creó el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS como un conjunto de normas, agentes, y procesos articulados entre sí. el cual está en cabeza de la Superintendencia, así mismo, el articulo 39 Idem señaló que corresponde a ésta fijar las políticas de Inspección, Vigilancia y Control del SGSSS, por tanto, las autoridades administrativas del sector salud en sus diferentes niveles...  Atendiendo la anterior, corresponde a las entidades territoriales del nivel departamental, distrital y municipal, ejercer funciones de inspección, vigilancia y control en su jurisdicción a ámbito territorial de competencia, relativas al aseguramiento y la prestación de servicios de salud, las cuales deben ejercerse dentro del sistema de inspección, vigilancia y control en cabeza de esta superintendencia”, (negrilla fuera de texto).

Igualmente, a través de la Circular 001 de 2020, la Superintendencia Nacional de Salud dió instrucciones a las Entidades Promotoras de Salud y entidades territoriales para la realización de las auditorías, señalando que es obligación de las EPS lo siguiente:

“Para los fines del ejercicio de la inspección y vigilancia del aseguramiento y la prestación de servicios definidos en la presente Circular, se imparten las siguientes instrucciones:

A. A las Entidades Promotoras de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado Las Entidades Promotoras de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado deberán:

1. Suministrar oportunamente la totalidad de la información requerida por las Entidades Territoriales de los diferentes niveles, en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control.

2. Contar con los recursos humanos, técnicos y logisticos que permitan el desarrollo de la auditoria por parte de las entidades territoriales de los diferentes niveles, para lo cual deberán entregar la información a la autoridad departamental, distrital o municipal que esté Llevando a cabo la auditoría. ”

Por su parte, el artículo 35 de la Ley 1122 de 2007[4] definió las acciones de inspección y vigilancia, así:

“A. Inspección: La inspección, es el conjunto de actividades y acciones encaminadas al seguimiento, monitoreo y evaluación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que sirven para solicitar, confirmar y analizar de manera puntual la información que se requiera sobre la situación de los servicios de salud y sus recursos, sobre la situación jurídica, financiera, técnica-científica, administrativa y económica de las entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud dentro del ámbito de su competencia.

Son funciones de inspección entre otras las visitas, la revisión de documentos, el seguimiento de peticiones de interés general o particular y la práctica de investigaciones administrativas, (negrilla y subrayada fuera de texto).

B. Vigilancia: La vigilancia, consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional de Salud para advertir, prevenir, orientar, asistir y propender porque las entidades encargadas del financiamiento. aseguramiento, prestación del servicio de salud, atención al usuario, participación social y demás sujetos de vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, cumplan con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud para el desarrollo de este. ”

Ahora, respecto a la protección de datos, el artículo 10 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012[5], señaló los casos en que no es necesario contar con autorización del titular de la información para el tratamiento de sus datos:

“ARTÍCULO 10. CASOS EN QUE NO ES NECESARIA LA AUTORIZACIÓN. La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de:

a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial;

b) Datos de naturaleza pública;

c) Casos de urgencia médica o sanitaria:

d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos:

e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.

Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo caso cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley. ”

Por su parte, mediante sentencia C-748-11 del 6 de octubre de 2011, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt, la Corte Constitucional efectuó el estudio de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 1581 de 2012, y respecto de lo previsto en el artículo 10, indicó:

"El artículo 10 del Proyecto de Ley bajo estudio señala las situaciones en las que no es necesaria la autorización, las cuales responden a la naturaleza misma del dato y al tipo de funciones que cumplen. Sin embargo, deben hacerse las siguientes precisiones:

En primer término, se señala que se prescindirá de la autorización cuando la información sea "requerida por una autoridad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial". Sin embargo, considera la Sala que deben hacerse las mismas observaciones que las contenidas en la Sentencia C-1011 de 2008. al hacer el estudio del Proyecto de Ley Estatutaria de los datos financieros.

En relación, con las autoridades públicas o administrativas, señaló la Corporación que tal facultad "no puede convertirse en un escenario proclive al abuso del poder informático, esta vez en cabeza de los funcionarios del Estado. Así. el hecho que el legislador estatutario haya determinado que el dato personal puede ser requerido por toda entidad pública, bajo el condicionamiento que la petición se sustente en la conexidad directa con alguna de sus funciones, de acompasarse con la garantía irrestricta del derecho al hábeas data del titular de la información. En efecto, amén de la infinidad de posibilidades en que bajo este expediente puede accederse al dato personal, la aplicación del precepto bajo análisis debe subordinarse a que la entidad administrativa receptora cumpla con las obligaciones de protección y garantía que se derivan del citado derecho fundamental, en especial la vigencia de los principios de finalidad, utilidad y circulación restringida"

En virtud de lo anterior se responden los interrogantes formulados así:

1. ¿Existe riesgo de violación al régimen general habeas data (Ley 1581 de 2012) cuando se entregan bases de datos con información detallada de la atención en salud, en particular con datos sensibles como el diagnóstico en salud o la clasificación de grupos poblacionales de nuestros afiliados y teléfono de contacto?

Tal y como usted lo señala en el oficio de la consulta, la información es solicitada por los entes municipales como consecuencia de la auditoría que realiza a las Entidades Promotoras de Salud con la cual, se busca determinar si las EPS cumplen con su función de aseguramiento y garantía en la prestación de los servicios de salud a sus afiliados, la obligación de la realización de la auditoría es determinada por la normativa (artículo 29 Ley 1438 de 2011, artículo 2.6.1.2.1.1. del Decreto 780 de 2016, artículo 35 de la Ley 1122 de 2007 y Circular 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud), por lo cual, las entidades territoriales en el marco de la función de inspección y vigilancia y en concordancia con el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, pueden solicitar toda clase de información que lleve al cumplimiento de su obligación legal, razón por la cual, y en respuesta a su interrogante, no existirá riesgo de violación al régimen general del habeas data cuando los municipios solicitan información detallada sobre la atención en salud, diagnóstico en salud o la clasificación de grupos poblacionales ni el teléfono de sus afiliados, ya que están dentro del cumplimiento de una función legal.

2. ¿Es pertinente que quien recibe la base de datos con información relacionada con la atención en salud de nuestros afiliados, en el marco de las auditorías, exprese por escrito su responsabilidad de mantener dicha información con niveles de seguridad adecuados? ¿si es así, cuál sería el procedimiento?

La normativa no establece un procedimiento para que las entidades territoriales que realizan la auditoría a las EPS realicen por escrito un compromiso de mantener dicha información con los niveles de seguridad adecuados, sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia C-748-11 del 6 de octubre de 2011, señaló que la facultad dada a las autoridades públicas o administrativas para acceder a la información debe subordinarse a que la entidad administrativa receptora cumpla con las obligaciones de protección y garantía que se derivan del citado derecho fundamental al hábeas data, facultad que debe soportarse sobre los principios de finalidad, utilidad y circulación restringida de la información.

El anterior concepto tiene ios efectos determinados en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su Título II, por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

Cordialmente:

EDILFONSO MORALES GONZALEZ

Coordinador Grupo de Consultas

Dirección Jurídica

<NOTAS DE PIE DE PÁGINA>.

1. ARTICULO 29. ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO. Los entes territoriales administrarán el Régimen Subsidiado mediante el seguimiento y control del aseguramiento de los afiliados dentro de su jurisdicción, garantizando el acceso oportuno y de calidad al Plan de Beneficios.

2. Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

3. Por la cual se imparten instrucciones sobre el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control a nivel territorial, haciendo obligatoria la adopción e implementación de la guia de auditora y del informe de auditoria dentro de los plazos establecidos

4. Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

5. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

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