- Artículo modificado tácitamente por el artículo 34 de la Ley 270 de 1996, 'Estatutaria de la Administración de Justicia', publicada en el Diario Oficial No. 42.745 del 15 de marzo de 1996.

Artículo 34 de la Ley 270 de 1996 modificado por el artículo 9 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

- El artículo 233 de la Constitución Politica establece:

'Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, y del Consejo de Estado serán elegidos para períodos individuales de ocho años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso'.

- Artículo subrogado por el artículo 5o. del Decreto Extraordinario 2288 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013  del 7 de octubre de 1989. .

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- Para la interpretación de este artículo se debe tener en cuenta que el artículo 93 del Código Contencioso Administrativo ha sufrido diversas modificaciones.

- Para la interpretación de este artículo se debe tener en cuenta que el artículo 97 del Código Contencioso Administrativo ha sufrido diversas modificaciones.

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por los artículos 8o. literal l., 39, 82 y 83 de la Ley 201 de 1995, 'Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación, y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 41.950 del 2 de agosto de 1995.

Los textos referidos son los siguientes:

'ARTICULO 8o. FUNCIONES <DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION>.

...

l) Fijar el número, la sede y jurisdicción territorial de las diferentes dependencias de la Procuraduría General de la Nación; además desarrollará su estructura, organización y nomenclatura en lo no previsto en esta ley, de acuerdo con las necesidades del servicio, sin establecer a cargo del Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la Ley de Apropiaciones;

...

'ARTICULO 39. COMITE ASESOR DEL MINISTERIO PUBLICO. Estará integrado por los Procuradores Delegados en lo Contencioso, y será el órgano asesor y consultivo del Procurador General de la Nación, en las materias de su especialidad. Velará, además por la unificación de los criterios fundamentales que orientan la intervención del Ministerio Público ante la Jurisdicción Contencioso - Administrativa'.

'ARTICULO 82. El Ministerio Público ante la Jurisdicción Contencioso - Administrativa, será ejercido por el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de los Procuradores Delegados en lo Contencioso ante el Consejo de Estado y por los Procuradores Judiciales ante la jurisdicción contencioso - administrativa'.

'ARTICULO 83. COORDINACION. Un Procurador Delegado en lo contencioso - administrativo, designado por el Procurador General de la Nación, ejercerá la coordinación del Ministerio Público ante la jurisdicción de lo contencioso - administrativo y cumplirá las siguientes funciones, de conformidad con la resolución que para tal efecto expida el Procurador General de la Nación:

a) Intervenir en los procesos cuando lo considere necesario, desplazando al agente del Ministerio Público que sea parte en los mismos;

b) Redistribuir funciones entre los Agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y designarlos en los casos que se requiera un Agente;

c) Actuar ante las entidades públicas con el fin de estimular y difundir las políticas del Ministerio Público ante la jurisdicción, especialmente en materia de conciliación y acción de repetición;

d) Ejercer las demás que le asigne el Procurador General de la Nación.

PARAGRAFO. Para el cumplimiento de esta función, el coordinador del Ministerio Público en la jurisdicción de lo contencioso - administrativo estará exento hasta en un 50% del reparto de los asuntos propios de su competencia'.

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 83 literal b) de la Ley 201 de 1995, 'Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación, y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 41.950 del 2 de agosto de 1995.

El texto referido es el siguiente:

'ARTICULO 83. COORDINACION. Un Procurador Delegado en lo contencioso - administrativo, designado por el Procurador General de la Nación, ejercerá la coordinación del Ministerio Público ante la jurisdicción de lo contencioso - administrativo y cumplirá las siguientes funciones, de conformidad con la resolución que para tal efecto expida el Procurador General de la Nación:

...

b) Redistribuir funciones entre los Agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y designarlos en los casos que se requiera un Agente;

...

- Inciso 2o. declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-005-96 del 18 de enero de 1996, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo.

- Para la interpretación de este artículo se debe tener en cuenta que el artículo 231 del Código Contencioso Administrativo ha sufrido diversas modificaciones.

- Esta Ley se encuentra derogada tácitamente por el Capítulo VI de la Ley 136 de 1994, publicada en el Diario Oficial No. 41.377 de 2 de junio de 1994, 'por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios'.

La derogatoria tácita tiene lugar cuando una disposición posterior incorpora o desarrolla el tema de una disposición anterior, bien sea que la modifique o no.

La Corte Constitucional en sentencia C-688-08, del 2 de julio de 2008, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo, expresó que:

'Como se ha indicado, entonces, no son pocas las ocasiones en las que la Corte Constitucional se ha declarado inhibida para pronunciarse sobre la vigencia de disposiciones particulares, principalmente cuando tales pronunciamientos han sido el objeto de interés de los demandantes que aducen la derogatoria tácita, como razón de inconstitucionalida. También se ha declarado inhibida en otras oportunidades, cuando la derogatoria de un precepto es expresa y no cabe duda de que la acción de inconstitucionalidad pretende la inexequibilidad de una norma derogada, cuando claramente no produce efectos jurídicos.

'Con todo, ¿qué ocurre en casos como el que convoca a la Sala en esta oportunidad, cuando en principio, la norma demandada por la ciudadana parece ser la correcta, salvo interpretaciones en  contrario de algunas fuentes de consulta subsidiarias, que permiten generalizar esa ambigüedad normativa?

'Sobre el particular debe recordar esta Corporación que en ciertas ocasiones, la Corte ha entrado a definir si la norma acusada está vigente o no, sólo con el propósito necesario y único de determinar objetivamente la materia legal sujeta a su control. Si una  norma derogada ha sido acusada, por ejemplo, la Corte Constitucional debe estudiarla sólo si continúa proyectando sus efectos en el tiempo. Por consiguiente, en caso de incertidumbre sobre la derogatoria tácita de una norma demandada, generalmente la Corte no se inhibe de estudiar los cargos, porque en tales casos, el precepto demandado podría estar produciendo efectos jurídicos.

'...

'Cómo lo recordó la sentencia C-159 de 2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), la derogación expresa ocurre cuando el legislador señala en forma determinante  y concreta los artículos que deroga. Es decir, no es necesaria interpretación alguna de las normas en cuanto a su vigencia, pues simplemente se excluyen del ordenamiento los preceptos legales, desde el momento en que así lo señale el legislador. En contraposición a esa figura, la derogación tácita supone con el  cambio de legislación, una incompatibilidad entre lo regulado en la nueva ley y lo establecido en la ley anterior. En tal caso, se hace necesario interpretar ambas leyes, para establecer cuál es la ley que rige la materia, o si la derogación es total o parcial, o si se dio una subrogación, que involucra la sustitución de un texto por otro, derivado de la derogación de la norma.

'Una interpretación normativa en tal sentido, requiere del análisis de los artículos 7 y 7 del Código Civil, así como del 2º y  3º de la  Ley 153 de 1887,  que consagran la figura de la derogatoria tácita y determinan sus efectos.

'Los artículos 71 y 72 del Código Civil, autorizan la derogatoria tácita, especificando que existe y opera, cuando la norma anterior sobre una misma materia es contraria a las disposiciones de la nueva ley. Los artículos  y  de la Ley 153 de 1887, de otro modo, imponen a las autoridades judiciales en materia de interpretación legal, reconocer que la ley posterior prevalece sobre la ley anterior y que en caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior. A su vez, que una ley puede derogarse por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería.

'También puede producirse la sustitución de una norma por otra posterior que es una forma de derogación que se ha llamado por la teoría jurídica, subrogación.

'Es claro entonces que las leyes nuevas derogan las anteriores que les sean contrarias, y que la derogatoria es tácita cuando la nueva le contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior

'La derogatoria, tácita o expresa, por lo tanto, es un fenómeno de teoría legislativa donde no sólo juega lo jurídico sino la conveniencia político-socia.El Congreso tiene competencia para derogar las normas precedentes de acuerdo a la atribución que expresamente le confiere la  Carta (Art. 150 C.P) así como en atención al propio principio democrático y en la soberanía popular (Art. 1 y 3 C.P), que hacen que las potestades legislativas, siempre y cuando no violen normas superiores, sean inagotables. En ese sentido, es la propia libertad política del legislador la que le permite a ese órgano, expulsar del ordenamiento una norma que hasta ese momento era totalmente válida, ya sea para sustituirla por otra disposición o para regular toda una materia (C-145-94).

'Con todo, la derogación de una norma no afecta tampoco ipso iure la eficacia de las normas, pues en general las situaciones surgidas bajo su vigencia continúan rigiéndose por ella. Ello justifica que la Corte se pronuncie en ocasiones, sobre preceptos derogados, en los casos en que éstos siguen produciendo efectos (C-145-94)'.

- Para la Interpretación de este artículo se debe tener en cuenta el artículo 1o. del Decreto 875 de 1988,  publicada en el Diario Oficial No. 38.325 de 6 de mayo de 1988.